El rescate de la aerolínea Plus Ultra se encuentra en el ojo del huracán tras la revelación de un informe confidencial que desmantela los argumentos del gobierno de Pedro Sánchez. La documentación demuestra que la compañía, antes de la pandemia, ya arrastraba graves problemas económicos, lo que compromete la justificación de la inyección de 53 millones de euros de fondos públicos.
El programa Código 10, presentado por Nacho Abad, ha destapado una serie de irregularidades que ponen en entredicho la decisión del Ministerio de Transportes. Según el informe, Plus Ultra no solo era deficitaria, sino que había mostrado una posición económica débil desde su inicio. Desde 2015, la aerolínea cerró todos sus ejercicios con pérdidas continuas.
Este nuevo hallazgo contradice la narrativa oficial del gobierno, que argumentó que la compañía era estratégica y que había sido rentable antes de la crisis sanitaria. Las dudas crecen: ¿por qué se impulsó con tanto ímpetu el rescate de una aerolínea claramente en quiebra?
Además, se cuestiona el segundo argumento clave: el carácter estratégico de Plus Ultra. El informe sostiene que la aerolínea operaba rutas entre Madrid y Latinoamérica, pero los datos indican que en 2019 ocupaba el puesto 77 en el ranking de aerolíneas, con una cuota de mercado de apenas el 0,1%. Esto desafía la idea de que Plus Ultra era vital para el tejido productivo nacional.
La presión política también se ha mencionado en este escándalo. Víctor Dalama había señalado previamente que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero había influido para que el rescate se llevara a cabo. Aunque su entorno ha negado esas acusaciones, la sombra de la duda persiste.
El gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un creciente clamor por respuestas. La situación se torna crítica, y la falta de transparencia en la gestión de este rescate podría tener consecuencias profundas. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿quién se beneficiará realmente de esta operación, y a qué costo para los contribuyentes?
La revelación del informe marca un punto de inflexión en la percepción pública sobre la gestión de crisis del gobierno. Este caso, que se pensaba cerrado, vuelve a abrir viejas heridas y plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad de los líderes en la toma de decisiones que afectan a la economía nacional. La urgencia de aclarar esta situación nunca ha sido tan evidente.