El creador de la baliza V16, Jorge Costas, ha hecho explosivas revelaciones sobre presuntas mordidas recibidas para acelerar la implementación del dispositivo, cuyo uso será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Esta confesión ha reavivado el debate sobre la transparencia y la legalidad de esta controvertida medida.
En el podcast “Búscate la vida”, Costas afirmó que durante el proceso de implantación del sistema, le ofrecieron propuestas para agilizar su implementación a cambio de sobornos. Esta declaración, que ha causado un gran revuelo, pone en tela de juicio la integridad del negocio detrás de la baliza V16.
La baliza, que sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia, ha sido objeto de críticas desde su anuncio. Costas mencionó que su equipo rechazó las ofertas, pero sus palabras sugieren que intereses oscuros podrían haber influido en la obligatoriedad del dispositivo.
España es el único país europeo que exige la sustitución de triángulos por la baliza, lo que obligará a millones de conductores a desembolsar alrededor de 50 euros. Con esa cifra, el mercado podría superar los 100 millones de euros, lo que despierta aún más sospechas sobre el trasfondo económico de la medida.
Expertos también cuestionan la efectividad del dispositivo en comparación con los triángulos tradicionales. Aunque el Ministerio del Interior defiende que la baliza funciona en túneles y áreas sin cobertura, un ingeniero de telecomunicaciones ha desmentido esta afirmación, señalando que no utiliza redes especiales.
El ingeniero argumentó que el gobierno se contradice al afirmar que la luz de la baliza sigue funcionando sin cobertura, mientras que la conexión no lo hace. Además, subrayó que la potencia lumínica de la baliza no ofrece ventajas claras sobre otros sistemas de emergencia, lo que genera confusión entre los usuarios.
Las declaraciones de Costas han intensificado un debate ya cargado de críticas sociales. Aunque no existen pruebas judiciales que confirmen irregularidades, sus afirmaciones han reavivado la sospecha de que la obligatoriedad de la baliza V16 podría estar impulsada por intereses económicos poco claros.
Mientras tanto, millones de conductores en España se preguntan por qué deben pagar por un dispositivo único en Europa, rodeado de tantas sombras y controversias. La presión sobre el gobierno y los responsables de esta medida aumenta, y la necesidad de transparencia es más urgente que nunca.