La Asociación Policial Policía siglo XXI ha denunciado públicamente una supuesta corrupción relacionada con la obligatoriedad de las balizas V16 impuestas por el gobierno de Pedro Sánchez. Aseguran que esta medida pone en riesgo la seguridad vial y que podría haber intereses económicos oscuros detrás de su implementación.
En un mensaje contundente, la organización advirtió que, en un futuro, se destapará un caso que podría involucrar a altos responsables políticos. La acusación ha generado una intensa polémica, especialmente al mencionar que algunos miembros del gobierno podrían ser señalados como parte de una “organización criminal”.
La crítica se centra en el uso de las balizas V16, que reemplazan a los tradicionales triángulos de advertencia. Según la asociación, estas luces no son visibles y no ofrecen la protección necesaria para los conductores ni para los agentes de seguridad. La denuncia incluye un video impactante que muestra cómo un vehículo averiado coloca la baliza en plena noche, con visibilidad muy limitada.
En las imágenes, se puede ver a agentes de la Guardia Civil obligados a salir a la carretera y utilizar bastones luminosos para alertar a los conductores que circulan a gran velocidad. Esta situación pone de manifiesto la ineficacia de la medida y el peligro que representa para todos en la vía.
Policía siglo XXI también ha señalado el enorme negocio que rodea a la obligatoriedad de las balizas V16. Se estima que este nuevo mercado genera alrededor de 100 millones de euros en ventas, beneficiando a fabricantes y distribuidores, mientras que el Estado obtiene ingresos significativos a través del IVA.
La mayoría de estos dispositivos provienen de China, un dato que la asociación considera que debería ser parte del debate público. La denuncia apunta directamente al gobierno de Sánchez, acusándolo de priorizar intereses económicos en lugar de la seguridad vial de los ciudadanos.
A pesar de que las acusaciones no se basan en hechos probados, la Asociación Policial enfatiza que las sospechas son lo suficientemente graves como para ser investigadas. Mientras tanto, los agentes insisten en que la prioridad debe ser proteger vidas y no imponer un sistema que pone en riesgo tanto a conductores como a los propios agentes en la carretera.